Además, a fines de agosto se pagaron por adelantado más de u$s 900 millones por el vencimiento del 21 de septiembre, una condicionalidad que puso el FMI. Luego queda por delante el pago de octubre por u$s 2.700 millones e intereses el 1ª de noviembre por u$s 900 millones.

 Este año los pagos de intereses al FMI sumarán más de U$S 3.000 millones totalizando más de U$S 8.000 millones desde la toma de la deuda por Mauricio Macri, más las renovaciones de Alberto Fernández. Para 2023, por las renovaciones de los vencimientos, la cuenta de intereses podría superar los U$S 3.500 millones.

Todos estos datos ilustran el peso y las condicionalidades de la deuda con el FMI que sigue en torno de los U$S 45.000 millones, como fue contraída por Mauricio Macri. Con el agravante de la carga financiera de los intereses y con vencimientos abultados al menos hasta 2032.

No es, por supuesto, la única deuda del Gobierno Nacional. A eso se suma la deuda con los restantes organismos financieros internaciones y la contraída en títulos y bonos en pesos ajustables por inflación y en moneda extranjera. En total, más de U$S 400.000 millones. En función de garantizar esos pagos, tanto desde el oficialismo como de la oposición se propugna ajustar o recortar el gasto público, en especial los gastos sociales, para que quede un excedente para pagar este abultado endeudamiento público. Además, vuelven las propuestas de privatizaciones y hasta vender los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS. En definitiva, abrir un nuevo ciclo de negocios privados con la esperanza que atraiga capitales al país (como en la primera parte del Gobierno de Menem) que sirvan para una dolarización que deprima aún más salarios y jubilaciones y los ingresos en general de la población.

Se parte de la base de que esos vencimientos de deuda son “intocables” y se acomodan las restantes variables a ese objetivo “sagrado”. En tanto, la economía, inflación, finanzas y reservas están al “rojo” vivo, con el agravante de la cercanía de las elecciones y el cambio de Gobierno, que tienen en vilo el futuro socioeconómico del país.